El Gobierno Nacional expidió el Decreto 2146 del 2018, por medio del cual adiciona el capítulo 1 y el título 7 a la parte 2 del libro 1 del Decreto 1625 de 2016, en este aparte y, en virtud de la facultad legal contenida en el inciso segundo del artículo 365 del estatuto tributario, se reglamentó el establecimiento de un sistema de pagos mensuales provisionales por parte de los contribuyentes del impuesto de renta.
Este sistema, aplica en forma exclusiva para los contribuyentes del impuesto sobre la renta de los sectores de los hidrocarburos y demás productos mineros, quienes en forma voluntaria podrán acogerse al mecanismo, ya sea, a partir de noviembre y diciembre del 2018, pagando a título de pago mensual provisional del impuesto sobre la renta el 4.5% calculado sobre el 50% del valor bruto del pago o abono en cuenta de las divisas provenientes del exterior por concepto de las exportaciones de los hidrocarburos y demás productos; o a partir de enero del 2019, pagando a la misma tarifa, pero calculando el importe mensual sobre el valor bruto del pago o abono en cuenta en divisas provenientes del exterior por concepto de las exportaciones de los hidrocarburos y demás productos mineros.

Sistema exceptivo de la retención en la fuente

Adicionalmente, para aquellos contribuyentes que voluntariamente se acojan al sistema de pagos mensuales provisionales a partir del 1º de enero de 2019, quedarán exceptuados de la obligación de declarar y pagar la retención en la fuente por ingresos provenientes de la exportación de hidrocarburos y demás productos mineros que trata el artículo 1.2.4.10.12 del DUR 1625 del 2016, esto, mientras permanezcan en el sistema exceptivo. En el caso en que los contribuyentes que voluntariamente se acogieron al sistema de pagos mensuales provisionales, y que decidan dejar de aplicarlo en el año 2019, tendrán un plazo especial para la presentación y pago de las declaraciones de retención en la fuente del año 2019, para lo cual podrán presentarse hasta la última fecha del vencimiento del plazo para declarar y pagar la retención en la fuente del respectivo mes del año gravable 2019.

Ver Decreto 2146 del 2018

La DIAN, dispone el procedimiento para cumplir con las obligaciones sustanciales y formales en materia del impuesto sobre las ventas, por parte de los prestadores de servicios desde el exterior, según lo señalado en el parágrafo 2º del artículo 437 del estatuto tributario, en su calidad de responsables cuando los servicios se encuentren gravados.

La finalidad de la implementación de este procedimiento es otorgar un mecanismo simple y eficaz para aquellos prestadores de servicios sin domicilio en Colombia que, por aplicación del principio de destino y por adquirir la calidad de responsables del IVA, deben cumplir con determinadas obligaciones, entre ellas declarar y pagar el impuesto.

Para cumplir con el deber formal de declarar, los prestadores de servicios desde el exterior requieren cumplir con la inscripción en el Registro Único Tributario y obtener el Instrumento de Firma Electrónica.

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Con el fin de dar seguridad jurídica a los contribuyentes, se precisan las condiciones y causales para calificar o retirar la calidad de Gran Contribuyente, así como el año gravable de la información a tener en cuenta al momento de la calificación.
Así mismo, se señalan los casos en que no es procedente otorgar dicha calificación: quienes tengan reportada como actividad económica principal en el Registro Único Tributario la 0010 (Asalariado), 0090 (rentistas de capital), 0081 (dependientes de terceros) o la 0082 (Sin actividad económica); quienes a la fecha de la realización del estudio se encuentren incursos en las causales de retiro de la calificación, y las sociedades extranjeras sin domicilio en Colombia.

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Cuando el contribuyente efectúa el pago sobre una obligación prescrita, no puede recuperar tales dineros, aun cuando dicho pago se hubiere realizado sin saber que la obligación que se pagaba había prescrito.

La obligación que en un principio daba derecho para exigir su cumplimiento se transformó en una obligación meramente natural. La acción de cobro se encuentra prescrita.

Según la entidad, es de observar que dos consecuencias jurídicas pueden surgir de una obligación, tributaria insoluta; la primera, de carácter administrativo, respecto de la cual se confiere derecho para exigir su cumplimiento, y la segunda, de carácter penal, si la conducta del infractor se adecua a lo prescrito en el artículo 402 del Código Penal.

En cuanto a la clase y cuantía de intereses que deben cancelarse dentro de los procesos penales, cuya acción de cobro se encuentra prescrita, se descarta la aplicación de las normas del estatuto tributario.

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La DIAN, mediante el concepto 12203, mayo 10/2018. La omisión del oficio persuasivo, por parte de un funcionario de la DIAN, que busca invitar al responsable o agente retenedor a efectuar el pago, no invalida la denuncia ni el proceso penal por las conductas descritas en el artículo 665 del estatuto tributario.
Si por alguna razón no se envió al contribuyente el oficio persuasivo, el funcionario de la administración tributaria, no puede obviar la denuncia, toda vez que este hecho supone una conducta con incidencia en materia penal y disciplinaria

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN, mediante la Circular 20 de julio 30 de 2018, emite instrucciones orientadas para garantizar la seguridad jurídica y unidad de criterio en sus diferentes actuaciones y actos proferidos, en ejercicio de sus competencias.
Todas las dependencias de la entidad, de todos los niveles y órdenes, con fundamento en la Resolución 204 de 2014 —que señaló los principios rectores del modelo de gestión jurídica de la administración, sus objetivos y los criterios de gestión—, deberán asegurar la debida aplicación de los principios constitucionales y legales, en especial la igualdad, el debido proceso, el derecho de defensa y contradicción, y asegurar el respeto por la legalidad en el ejercicio de los derechos de los contribuyentes y responsables de las obligaciones tributarias, es decir, que sus decisiones respeten la Constitución, la ley, los reglamentos y la jurisprudencia de las Altas Cortes.
La entidad enfatiza que el carácter vinculante y obligatorio de la doctrina oficial de la DIAN deriva de la obligatoriedad de la misma para los funcionarios de la administración, y de la observancia por parte de los administrados, su aplicación se da a partir de la fecha de su publicación en el Diario Oficial; no obstante, se pueden presentar ciertas situaciones como: los conceptos que determinan la actuación de un particular; los conceptos vigentes de los cuales se aparta el contribuyente; los conceptos expedidos con posterioridad a la actuación del contribuyente; los conceptos que son revocados por la administración antes o durante una actuación administrativa, y los conceptos anulados por la jurisdicción contencioso administrativa (DIAN, Circ. 20, jul. 30/2018).

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Modifica parcialmente el capítulo 2 título 1 parte 6 del libro 1 del Decreto número 1625 de 2016 Único Reglamentario en Materia Tributaria, implementando nuevos controles, en los procedimientos de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del RUT, para los sujetos sin residencia o sin domicilio en Colombia que presten servicios desde el exterior, gravados con IVA en el país; define los componentes de información básica del RUT, para efectos fiscales del orden nacional y territorial; señala que los patrimonios autónomos que realicen operaciones de comercio exterior, tendrán un NIT independiente; precisa la forma de actualización del Registro Único Tributario, por cese de actividades o cambio de régimen, o cancelación del RUT; establece los documentos que soporten la calidad de no contribuyentes del impuesto sobre la renta y complementario de las propiedades horizontales de uso residencial, y ajusta la normativa con el nuevo instrumento de firma electrónica, IFE, adoptado por la DIAN (D.R. 1415, ago. 3/2018).

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Hasta la expedición de la Ley 1753 del 2015, la cotización al sistema de seguridad social integral para los trabajadores independientes se debía realizar en forma anticipada. La citada ley, en su artículo 135, modificó tal periodicidad, estableciendo que los pagos se deben realizar mes vencido y a través del sistema de retención; procedimiento que quedó supeditado a la reglamentación del Gobierno Nacional.

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Las normas de auditoría y aseguramiento de la información adoptadas en la regulación colombiana están alineadas con prácticas líderes a nivel internacional y en particular con los estándares emitidos por el IAASB, así mismo el Consejo Técnico de la Contaduría Pública de Colombia, como organismo normalizador, ha establecido en su plan de trabajo para el cuatrienio 2018-2021, los proyectos incorporados por el mencionado organismo internacional en su plan de trabajo por los años 2018-2020, los cuales están clasificados en proyectos activos, en curso y completados. Dentro de los proyectos presentados en este artículo, los de mayor importancia lo constituyen, la modificación de la NIA 540 relacionada con la auditora de las estimaciones contables, incluidas las del valor razonable, estándar que requiere cambios debido a los efectos materiales que estos aspectos pueden tener en la presentación fiel de los estados financieros y el proyecto relacionado con los formularios emergentes de informes externos, los cuales comienzan a perfilar la interacción con reportes integrados, en este caso en particular está enfocado a los cambios de la ISAE 3000, lo cual tendrá como consecuencia una revisión de los requerimientos en Colombia para el revisor fiscal.

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Mediante Decreto 1123 de junio 29 del 2018, el Gobierno Nacional expidió la normativa que regula la retención en la fuente del impuesto sobre la renta por ingresos originados en la exportación de hidrocarburos, productos mineros y los servicios prestados en el exterior.

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De acuerdo con el parágrafo transitorio del artículo 437-2, se determinó que pasados dieciocho meses de la promulgación de la Ley 1819 del 2016, empezaría a regir el cobro del IVA a estas operaciones, es decir que para el primero de junio del 2018 ya tendría que haberse implementado el cobro del impuesto. Aun así, para la fecha, no existe decreto reglamentario que explique la forma en la que se debe aplicar este cobro, tan solo se conoce un proyecto de decreto, publicado por el Ministerio de Hacienda, el cual sigue sin ahondar en la complejidad que implica el tratamiento tributario.

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Ver Concepto 285-2018

Ver proyecto de decreto

En semanas pasadas, la DIAN dio a conocer el Concepto 481 del 27 de abril del 2018, documento por medio del cual se recogió la doctrina que en materia de régimen tributario especial del impuesto sobre la renta y las donaciones a las entidades pertenecientes a este régimen se había expedido, armonizando su posición interpretativa con las disposiciones de la Ley 1819 del 2016 y el Decreto 2150 del 2017.

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Ver Concepto 481 del 2017

De cara al futuro de la profesión, nos encontramos frente a un escenario normativo que requiere que toda la comunidad contable esté atenta a los cambios de los estándares aplicados en el mundo, tanto para entidades cotizadas como no cotizadas en bolsa, es decir, de las NIIF completas y de la NIIF para las Pymes.

Esto permitirá que todos los contadores públicos en Colombia y otros preparadores y usuarios de los EFPG y de otros informes financieros estemos actualizados y actuemos con la proactividad requerida frente a los cambios propuestos en los marcos técnicos.

En este artículo, el Doctor Wilmar Franco Franco, nos presenta los temas que se encuentran en estudio por la Junta de Estándares Internacionales de Contabilidad de la Fundación IFRS (IASB, por sus siglas en inglés), los cuales son: proyectos para actualización de estándares vigentes, nuevos proyectos de investigación, proyectos para la expedición de nuevos estándares y otros proyectos.

Permanecer atentos a las discusiones que se dan en el seno del IASB y participar en ellas es ir un paso adelante. No hacerlo, nos coloca en desventaja frente a la profesión contable en el mundo e impide que seamos más proactivos.



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El próximo jueves 5 de abril, de 730 am a 1 pm, se realizará la Cumbre Empresarial de Responsabilidad del Sector Privado en la lucha contra la Corrupción, la cual tendrá lugar en la sede de la Procuraduría General de la Nación (Carrera 5 # 15-80), Auditorio Antonio Nariño. El evento contará con la presencia de Fernando Carillo Flórez (Procurador General de la Nación), Nestor Humberto Martínez Neira (Fiscal General de la Nación), Edgardo Maya Villazón (Contralor General de la República) y Francisco Reyes Villamizar (Superintendente de Sociedades). Adjunto podrán encontrar la programación del evento.

Ver programación del evento

Los nuevos marcos de NIF, en particular la sección del impuesto a las ganancias, de las NIIF para las Pymes, requiere en sus párrafos 29.38 a 29.41 una serie de información a revelar que deben presentar las entidades. Debido a lo complejo que resulta el tema del reconocimiento y medición del impuesto a las ganancias, se presenta un procedimiento sugerido para obtener esta revelación solicitada por el estándar para Pymes, teniendo en cuenta la presentación de los estados financieros del año 2017 de las entidades del grupo 2 a las respectivas asambleas de accionistas o juntas de socios, durante los primeros tres meses del año 2018.


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Desde el año 2016, se inició la aplicación plena de los nuevos marcos técnicos normativos de información financiera para todas las entidades del sector privado en Colombia, salvo para aquellas del grupo 2 que pertenecen al Sistema General de Seguridad Social en Salud, cuya aplicación de su respectivo cuerpo normativo contable se dio desde el año 2017. Con este hecho, las entidades de los grupos 1 y 2 están en la obligación de reconocer los efectos futuros de las consecuencias fiscales que pudiera tener el hecho de reconocer un activo o pasivo en sus estados financieros.

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Con la Circular Externa 100-000006 del 19 de agosto del 2016, la Superintendencia de Sociedades precisa los sectores económicos obligados a establecer el Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo – SAGRLAFT y reporte de operaciones sospechosas a la Unidad de Información y Análisis Financiera - UIAF. Esta obligación debe ser atendida a más tardar el 31 de agosto del 2017. Los sectores son: inmobiliario, explotación de minas y canteras, servicios jurídicos, servicios contables, de cobranza y/o de calificación crediticia y construcción de edificios; adicionalmente, las entidades de cualquier otro sector que cumplan con las condiciones establecidas en la mencionada norma.

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La globalización económica, un mundo sin fronteras, la práctica del libre mercado y la internacionalización del comercio determinan una realidad que impacta en el desarrollo y gestión de las entidades públicas. Estas se encaminan, cada vez más, hacia nuevas tendencias y doctrinas que se cimentan
en estándares de calidad contables aplicados a nivel mundial.

Las crecientes necesidades de información y de sistemas contables ponen de manifiesto el nuevo papel que debe cumplir la contabilidad, en el marco de una nueva arquitectura financiera, como actividad importante en el campo de los negocios en razón de su naturaleza de informar acerca de la riqueza y la productividad. Este papel debe estar a la vanguardia del avance del mundo de los negocios, que va de la mano con los cambios que manan de la tecnología, de las nuevas demandas de información, de las actuales tendencias económicas y de los cambios sociales, culturales y económicos que no son ajenos al entorno del quehacer del sector público ni de la contabilidad.

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Luego de emitida la NIIF para las Pymes original en julio del 2009, el IASB empezó su proceso de revisión integral después de que los preparadores y usuarios de la información financiera tuvieran dos años de experiencia en la aplicación de esta nueva norma.

El proceso de revisión integral empezó con una petición de información, documento mediante el cual se obtuvo retroalimentación primaria en la aplicación de la NIIF para las Pymes (junio, 2012).

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El Decreto 2242 del 2015 reglamentó la expedición e interoperabilidad de la factura electrónica con fines de masificación y control fiscal.